(Des) Información, mitos y consumidores

Al otro lado de ese Derecho

Mitos y equívocos.

Ya abordamos en el post “Leyes, Leyes y más Leyes (Parte 1)” y en su segunda parte la “locura” existente en cuanto a la legislación sobre consumidores (aplicable a cualquier otro ámbito del mercado), con un conjunto de normas dispersas y en ocasiones difícilmente compatibles.

No obstante, existen muchos mitos en torno a la legislación sobre consumidores y sobre el comportamiento de las empresas, quizá también alimentado por la técnica legislativa de la que hablábamos antes y que analiza de forma crítica y con brillantez siempre Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) en su blog veronicadelcarpio.wordpress.com.

El último, que me ha venido a la cabeza y que llevaba coleando desde la aprobación de la modificación del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios (en adelante LGDCU) es el que habla de los números 902 para su uso en los Servicios de Atención…

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¿Cómo evitar que los jóvenes comiencen a fumar? El Envase Genérico de Tabaco

El pasado 3 de abril de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaron la Directiva 2014/40/CE relativa a la fabricación, presentación y venta de productos de tabaco y productos relacionados. Dicha Directiva nace de la preocupación de la comisión parlamentaria de Salud Pública por la edad cada vez más temprana en la que los jóvenes comienzan a fumar y ante al aumento del consumo de tabaco entre los jóvenes entre 14 – 18 años. Ante esta situación el objetivo principal de esta nueva norma (que requiere de transposición) es evitar que los jóvenes sean captados por la industria tabacalera.

Paquete genérico de tabaco en Australia.

Paquete genérico de tabaco en Australia.

¿Qué medidas pueden evitar que los jóvenes comiencen a fumar? O considerándolo de otro modo ¿Cómo podemos hacer para que el tabaco resulte menos atractivo para los más jóvenes? Entre las medidas que se proponen en la nueva Directiva se encuentran el empaquetado estándar de tabaco o “tobacco plain packaging”, las advertencias sanitarias más grandes o la prohibición de algunos aromas característicos, los cigarrillos mentolados se prohibirán a partir de 2020 mientras que los sabores para las pipas de agua seguirán estando autorizados.

El empaquetado estándar o genérico de tabaco implica la predeterminación de la presentación del envase, no dejando margen a las empresas para que se diferencien y homogeneizando la apariencia de todos los paquetes de tabaco. La Directiva establece que los envases de cigarrillos y de tabaco de liar deberán estar cubiertos en un 65% por advertencias sanitarias, las advertencias pueden ser combinadas, imagen y texto, y deben cubrir tanto la cara delantera del envase como la trasera. La estandarización se completa con la previsión de que todos los envases tienen que tener la misma forma, tamaño y color.

¿Qué pasa con la marca? La marca permanece en el envase pero su presentación tiene que ser de un tamaño definido y tiene que pasar desapercibida en el conjunto del envase, esto provoca que la marca deje de ser un elemento preeminente y diferenciador de la cajetilla pasando a ser un elemento secundario y de difícil percepción.

plain tobacco1

La estandarización del envase de tabaco no viene acompañada de paz y armonía, obviamente las empresas tabacaleras se sienten perjudicadas en sus intereses y sobre todo, sienten que se vulnera su derecho a la propiedad intelectual e industrial. Para la asociación ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca) esta medida supone “una clara expropiación del derecho de marca” y razona que “no hay evidencias científicas de que este cambio en el diseño de las cajetillas vaya a reducir el consumo de tabaco”. En la parte contraria y defendiendo la necesidad de este tipo de medidas, podemos encontrar por ejemplo, a la Asociación Nofumadores.org que considera que esta medida es un paso lógico en la lucha contra el tabaquismo.

El primer país europeo que ha propuesto una transposición de la Directiva ha sido Francia, la Ministra de Salud de Francia Marisol Touraine ha incluido la estandarización del envase de cigarrillos y de tabaco de liar en el Programa Nacional para Reducir el Consumo de Tabaco. Francia no es pionera en este tipo de normativa, ya en Australia en 2012 se aprobó una Ley que fue impugnada por la industria tabacalera, finalmente dicha ley fue ratificada por el Alto Tribunal Australiano rechazando las alegaciones del lobby tabacalero. Otros países ya se han pronunciado sobre su simpatía hacia esta legislación y se espera que en los próximos meses elaboren sus propuestas de ley, incluyendo el envase genérico como uno de sus elementos. Entre estos países se encuentran el Reino Unido, Irlanda, Canadá o Nueva Zelanda. Mientras tanto, otros países como República Dominicana, Cuba o Ucrania han presentado una demanda ante la Organización Mundial de Comercio donde expresan su malestar por la aprobación de la ley australiana.

En España no hay información oficial sobre la transposición de la Directiva 2014/40/CE, pero de acuerdo con su art. 29 “los Estados miembros tendrán que adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la Directiva a más tardar el 20 de mayo de 2016”.

¿Ayudará la estandarización de los envases de tabaco a que los jóvenes se sientan menos atraídos por los cigarrillos? ¿Compensa los perjuicios causados a las marcas? No existen resultados empíricos que evidencien si esta normativa es acertada o no, por tanto, cabe preguntarnos si los jóvenes se sentirán menos atraídos por el tabaco o si simplemente se comprarán una pitillera que evite ver las impactantes imágenes que se pueden observar en las cajetillas.

No es necesario decir que la Directiva persigue otros fines como son la eliminación del contrabando o la persecución de la compra de tabaco por Internet pero estas cuestiones son harina de otro costal que merecen su propio post.

Publicación original en www.queaprendemoshoy.com el día 20 de noviembre de 2014.

Los Derechos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

El 11 de mayo entró en vigor la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones que deroga la anterior Ley 32/2003, de 3 de noviembre. Entre los objetivos que persigue dicha ley se pueden encontrar el aumento y la mejora de la protección de los derechos de los usuarios, o entendiéndose a contrario, el reforzamiento del respeto que los operadores tienen que tener con respecto a los derechos de los usuarios. Para darnos cuenta de la necesidad del aumento de protección de los derechos de los usuarios solamente tenemos que acudir a la lista de empresas peor valoradas por los consumidores, aquellas que más quejas, reclamaciones y denuncias reciben a lo largo del año. De acuerdo con la asociación de consumidores FACUA, entre las cinco empresas peor valoradas podemos encontrar dos famosas compañías de telecomunicaciones, siendo una de ellas la empresa peor valorada y más denunciada por los consumidores, esta tendencia no es nueva sino que se ha mantenido durante los últimos 5 años.

Vodafone Logo

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Antes de indicar los derechos que tienen los usuarios es necesario destacar un aspecto relativo al ámbito de aplicación de la Ley, la misma en su art. 1º prevé que ésta no será de aplicación a los siguientes servicios:

  • Servicios de comunicación audiovisual.
  • Contenidos audiovisuales transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
  • Servicios de la sociedad de la información, como son el correo electrónico o las actividades de los prestadores de servicios online.

El Título III establece las obligaciones y derechos de los operadores y usuarios, en los arts. 46 – 55 se refuerzan y clarifican los derechos, el mayor esfuerzo de protección se realiza sobre los derechos relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad (art. 48 LGT). Merece la pena mencionar que lo previsto en esta Ley específica prevalece sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, que también resulta aplicable en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa (art. 46.2 LGT).

Telefónica Logo

Telefónica Logo

La nueva LGT reconoce a los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas los siguientes derechos:

    • Ser informado por parte del operador y antes de la celebración del contrato de la información prevista en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y además, la información específica relativa a la descripción de los servicios a prestar, los precios y tarifas aplicables, la duración del contrato y causas de resolución, las restricciones impuestas en el dispositivo y las condiciones aplicables al mantenimiento del número de teléfono.
    • Celebrar contratos con los operadores, así como al contenido mínimo que tienen que tener dichos contratos.
    • Resolver el contrato en cualquier momento. Este derecho permite resolver el contrato anticipadamente y sin penalización en el caso de que el operador modifique unilateralmente las condiciones contractuales fijadas inicialmente.
    • Cambiar de operador manteniendo el mismo número de teléfono y en el plazo máximo de un día laborable. El retraso en la conservación del número o en el tiempo de la portabilidad dará derecho a los usuarios a una compensación.
    • Recibir información veraz, transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, los gastos y condiciones relacionados con la finalización del contrato y al acceso y utilización de los servicios que presta el operador.
    • Posibilidad de desconexión de determinados servicios y la necesidad de petición expresa para el acceso a otros.
    • Continuidad del servicio y a obtener una compensación por su interrupción.
    • Facturación detallada, clara y sin errores.
    • Impedir la identificación de su número al llamar o a recibir llamadas sin identificar.
    • Detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por un tercero.
    • Acceso a los servicios de emergencias de forma gratuita.
    • Acceso a un servicio de atención al cliente gratuito, que preste una atención personal directa, sin perjuicio del uso de medios técnicos que puedan mejorar dicha atención. Los operadores tienen que poner a disposición de sus clientes algún tipo de acreditación documental de las gestiones o reclamaciones que realicen, como ejemplos de medios que pueden utilizar encontramos la concesión de un número de referencia o el envío de un documento en un soporte duradero.
    • Elección del medio de pago entre los comúnmente aceptados.
    • Oponerse a la recepción de llamadas automáticas sin intervención humana si no ha prestado su consentimiento de manera previa e informada.
    • Oponerse a la recepción de llamadas no deseadas con fines comerciales.
    • A aparecer o no en las guías de abonados. Para esta finalidad podéis registraros en el Servicio de Listas Robinson de exclusión publicitaria.
Logo Oficial de R

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Imágenes | Flickr, Wikimedia, Commons.Wikimedia

Publicación original en www.aenta.es con fecha 1 de noviembre de 2014.

¿Por qué cooperan las empresas en las investigaciones de la CNMC? El Programa de Clemencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el órgano encargado de velar por la defensa de la competencia. Para conseguir dicho fin la CNMC tiene la función de iniciar, de oficio o a partir de denuncia, la investigación y sanción de prácticas anticompetitivas que puedan perjudicar el funcionamiento del mercado interior, suponiendo un perjuicio para la libertad de empresa y los derechos de los consumidores.

Las prácticas anticompetitivas tienen el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado, las más habituales son la fijación de cuotas de producción o de ventas, el intercambio de información sobre los precios a aplicar o el reparto del mercado (art. 1 LDC). Uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta la CNMC en la lucha contra las prácticas colusorias se encuentra en el programa de clemencia, éste se ha convertido en un instrumento esencial para la detección de cárteles y la investigación de aquéllos en los que ya se ha abierto el expediente sancionador.

El programa permite a la CNMC que exima total o parcialmente del pago de la multa a aquellas empresas que faciliten elementos de prueba de la presunta infracción, siempre que dichas pruebas aporten un valor significativo a las pruebas y declaraciones que ya se encuentren en manos de la CNMC. La concesión de esta ventaja tiene su base en la dificultad de detectar y poner fin a las conductas anticompetitivas, éstas se llevan a cabo en secreto y con disimulo y son muy difíciles de probar sino es con la intervención de las personas físicas o empresas que están involucradas en dicha infracción. Las pruebas aportadas por la empresa que solicita clemencia pueden añadir valor en los siguientes extremos:

  • Mejora de la capacidad de la Comisión para probar la existencia del cártel.
  • Descubrimiento de la participación de otras empresas.
  • La ampliación del período objeto de la infracción.
  • Establecimiento de hechos adicionales que repercutan directamente en el importe de la multa.

Además de este requisito, la empresa solicitante del programa tiene que poner fin a su participación en el presunto cártel, no haber destruido pruebas relacionadas con la solicitud y no haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción.

La multa que el art. 63.1.c) LDC impone a las conductas previstas en su art. 1 consiste en el pago del 10% del volumen de negocios total de la empresa en el ejercicio anterior a la imposición de la multa, para el caso de que se no se pueda calcular el volumen de negocios de ese año el art. 63.3.c) prevé que se le imponga a la empresa una multa de más de 10 millones de euros. Las multas que puede imponer la CNMC son como para tenerlas en cuenta, sirva como ejemplo la sentencia de 22 de febrero de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirma una multa de 12.032.000€ impuesta a una empresa de cosméticos, igualmente, la sentencia de 8 de noviembre de 2012 de la misma sala que también confirma una multa de 15.945.483€ a una empresa de transporte marítimo de pasajeros.

Estas ejemplarizantes multas son la principal razón que tienen las empresas para cooperar con la CNMC en la investigación de la infracción. Las empresas van a tener un incentivo para ser las primeras en traicionar a sus compañeras, ya que únicamente la empresa que cumpla la primera con los requisitos del programa va a conseguir la exención total del pago, mientras que las demás empresas que también cooperen con la aportación de pruebas significativas van a disfrutar de un descuento inferior, un 50%, un 30% y un 20% en función del orden en que vayan cumpliendo con los requisitos. Esta manera de graduar la exención del pago se convierte en un aliciente para que las empresas pasen a ser informantes de la Comisión y resulte mucho más sencilla la obtención de elementos probatorios que prueben la existencia del cártel.

Por el contrario, el principal inconveniente que se puede encontrar es que no disuade a las empresas de que no cometan conductas anticompetitivas. La empresa que participa en el cártel podrá eximirse del pago de la multa si traiciona al resto de participantes, es decir, no se fomenta que las empresas no cometan la infracción sino que una vez cometida y posiblemente obtenido el beneficio de la misma, se coopere con la CNMC en el descubrimiento e investigación de la conducta prohibida. ¿Os parece esta la forma más acertada de hacer que las empresas cooperen? No sé si éticamente es la forma más correcta pero sí que se está mostrando muy eficaz en la lucha contra las conductas que suprimen la libre competencia en el mercado.

Publicado originalmente en www.queaprendemoshoy.com el día 29 de octubre de 2014.

Una de plagio y competencia desleal

Derechos de propiedad intelectual sobre catálogo comercial.

Mercantilista sin ánimo de lucro

Brico-Depot-toldos

La interesante Sentencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 13 de marzo de 2014 revoca la sentencia de instancia y declara la existencia de plagio de un catálogo de una gran superficie de bricolage (Brico Depôt) por parte de un competidor (Bricomart). Añade además, en aplicación de la cláusula general del artículo 5 (ahora 4.1) de la Ley de Competencia Desleal que se incurre en un supuesto de deslealtad.

El Juzgado Mercantil había rechazado los argumentos de la actora, que calificaba el catálogo como obra protegida por el art. 10.1.a de la LPI y sostenía que la demandada se apropiaba y aprovechaba de su labor creativa y esfuerzo intelectual y además alegaba que se incurría en una conducta desleal. Solicitaba además una indemnización de daños y perjuicios consistente en la remuneración que hubieran percibido si la demandada hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad…

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¿Qué responsabilidad tiene eBay por los delitos que se cometen en su mercado electrónico?

EBay es un mercado electrónico que sirve de punto de encuentro para vendedores y compradores, los primeros pueden poner productos a la venta de una forma casi gratuita mientras que los segundos pueden adquirir cualquier producto de los ofertados en la web. La cantidad en el número de ofertas de artículos es abrumadora e incontrolable y, como parece obvio, la interactividad entre los participantes del mercado va a implicar la existencia de comportamientos ilícitos entre los distintos usuarios que utilizan la web.

Entre los problemas más habituales se pueden encontrar: estafas de los vendedores, compradores que no pagan, personas que utilizan un lenguaje inadecuado, subastas reventadas o las “tiendas” que venden productos falsificados o material pirata.

¿Qué responsabilidad tiene eBay en todas estas situaciones? ¿Responsabilidad “in vigilando”? Parece lógico pensar que como eBay se lucra con la venta de todos los productos que se ofertan en su web, sean legales o ilegales, también debería afrontar la responsabilidad de las actuaciones ilícitas que se lleven a cabo a través de su web. Sin embargo, el art. 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico del año 2002, establece una regla de exclusión de responsabilidad para los prestadores de servicios de intermediación que realicen la actividad de alojamiento de datos a petición de sus usuarios en la sociedad de la información. Esta es la actividad que lleva a cabo eBay en sus servidores, su actividad consiste en alojar las ofertas (datos en sentido estricto) procedentes de sus usuarios y mediante procedimientos automáticos mostrar las mismas a los compradores, que puedan adquirir lo que quieran.

Dicha exclusión es operativa respecto de los prestadores de servicios que realicen tareas de intermediación meramente técnicas, automáticas y pasivas, que no tengan conocimiento ni control sobre el contenido que alojan. Si actúan jugando ese rol “pasivo” respecto del contenido, además, tienen que carecer de conocimiento efectivo sobre cualquier ilicitud que se esté cometiendo a través de su plataforma, si en cualquier momento adquiriera tal conocimiento estaría obligado a retirar dicho contenido, con el riesgo de que si no lo hace con prontitud dicha cláusula de limitación de responsabilidad no le resultaría aplicable.

EBay alega que actúa como intermediario para exonerarse de responsabilidad pero, ¿Qué pasa con el vendedor? El vendedor actúa como proveedor del contenido, facilitando las ofertas y los productos y su responsabilidad se ajustará a lo que las reglas generales de responsabilidad prevean al caso (código civil, código penal, ley de garantías, contratos a distancia, publicidad, protección de consumidores…).

¿Es adecuada esta exclusión de responsabilidad de determinadas actividades en Internet? Dicha regla tiene muchos inconvenientes, sin embargo, resulta básica para el funcionamiento de Internet tal y como lo conocemos.

Publicación original en la web www.queaprendemoshoy.com el día 26 de septiembre de 2014.